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Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel

A propósito de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel el 11 de agosto de 2020, destacamos algunas de las conclusiones más importantes de la Corte Constitucional en la sentencia C-254/2019, que condicionó la exequibilidad del TLC a la celebración de una declaración interpretativa conjunta entre los dos Estados, sobre las cuales tuvo incidencia la intervención de Eduardo Zuleta como experto invitado por la Corte para presentar su análisis. Asimismo, nos referimos a la declaración interpretativa celebrada entre Colombia e Israel con posterioridad a la sentencia para hacer efectiva la entrada en vigor del TLC. El debate en la etapa de control de constitucionalidad se enfocó principalmente en tres puntos. En primer lugar, se discutió si la definición de “territorio” contenida en el artículo 1.5 del TLC constituye un reconocimiento por parte de Colombia de que, los denominados “territorios ocupados” hacen parte de Israel. En su intervención ante la Corte, Eduardo Zuleta destacó que el objeto y fin del TLC es facilitar el comercio y la inversión entre Colombia e Israel, por lo cual a la luz del artículo 31 de la Convención de Viena, el concepto de “territorio” debe circunscribirse al ámbito del derecho internacional mercantil o Trade Law. Asimismo, aclaró que, en virtud del principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt, un acuerdo bilateral como el TLC solo tiene efectos inter-partes y no es susceptible de perjudicar ni beneficiar a terceros, como en este caso lo sería Palestina, así como tampoco tiene incidencia sobre los efectos de la declaración unilateral realizada por Colombia en 2018, reconociendo la existencia de Palestina como Estado. Este análisis fue acogido por la Corte en su sentencia.

Con respecto al Capítulo de Inversión, Eduardo Zuleta destacó que el TLC es un acuerdo internacional de inversión (AII) moderno pues incorpora en sus cláusulas la mayoría de criterios identificados por la UNCTAD que velan por un mayor equilibrio entre el poder regulatorio del Estado y la protección de los inversionistas extranjeros. Al respecto, la Corte consideró que “el Capítulo de Inversión del TLC es un AII moderno que contiene normas que salvaguardan el derecho de regulación por el Estado, establece limitaciones al acceso al mecanismo de solución de controversias inversionista- Estado, mejora la consistencia sistémica y delimita el alcance de estándares de trato como el trato justo y equitativo, Trato Nacional y Nación Más Favorecida”. No obstante, la Corte decidió declarar exequible la expresión “expectativas razonables” contenida en el Artículo 10.7 del TLC, referente a la cláusula sobre expropiación, a condición de que las partes contratantes definan el alcance de esta expresión, teniendo en cuenta que solo habrá lugar a dichas expectativas “siempre que se deriven de actos específicos y reiterados llevados a cabo por la parte contratante y que induzcan al inversionista de buena fe a realizar o mantener la inversión y que se trate de cambios abruptos e inesperados efectuados por las autoridades públicas y que afecten su inversión”.

La Corte también decidió condicionar la constitucionalidad del término “tratamiento” contenido en el Artículo 10.5 referente al estándar de Nación Más Favorecida, a que se interprete “de tal manera que preserve la competencia del Presidente de la República relativa a la dirección de las relaciones internacionales y la celebración de tratados, prevista por el artículo 189.2 de la Constitución”. Esta interpretación pretende evitar la práctica de importar disposiciones de otros acuerdos internacionales de inversión ratificados por el estado receptor de la inversión.

En suma, la Corte declaró que el TLC era exequible y condicionó su ratificación a la celebración de una declaración interpretativa entre Colombia e Israel con el fin de aclarar y limitar el alcance de la

cláusuladeNaciónMásFavorecidayTratoJustoyEquitativo. Conelfindehacerefectivalaentrada en vigor del TLC, Colombia e Israel celebraron una declaración interpretativa conjunta aclarando el alcance de las disposiciones referidas por la Corte, en los siguientes términos:

  1. “Protección de inversiones. La República de Colombia se reserva el derecho a no negar a sus propios inversionistas un tratamiento no menos favorable que el que proporciona a los inversionistas y a las inversiones cubiertas de otras nacionalidades.
  2. Trato de Nación más Favorecida. En relación con el artículo 10.5 y sin perjuicio del artículo 10.5.3: Las disposiciones sustantivas contenidas en otros tratados internacionales de inversión y otros tratados comerciales que no vengan acompañadas de medidas que sean adoptadas o mantenidas por una Parte en virtud de esas disposiciones no constituirán por si mismas “tratamiento” y por tanto no darán lugar a una violación a este Artículo.
  3. Expectativas Razonables. En relación con el artículo 10.7.3 (b): Para mayor certeza, determinar si la expectativa con fundamento en una inversión de un inversionista dependerá, hasta donde sea relevante, de factores como si el Gobierno proporcionó al inversionista garantías obligatorias y por escrito y la naturaleza y extensión de la regulación gubernamental o la potencial regulación gubernamental en el sector respectivo”.

El próximo miércoles 19 de agosto de 2020, estaremos analizando la declaración interpretativa celebrada entre Colombia e Israel a la luz del derecho internacional público y de la sentencia C-254/19 de la Corte Constitucional.