El asunto del desarrollo social y económico en lo regional y local ha sido tradicionalmente ignorado en Colombia. Lo anterior se constata al analizar la fragmentada presencia del Estado en varias regiones del país y la estructura de las economías locales. Este vacío institucional y la falta de oportunidades de mercado han facilitado, por un lado, la creación de legitimidades políticas paralelas que han logrado consolidarse en grupos armados ilegales supliendo algunas funciones estatales básicas como el cobro de “impuestos”, la provisión de “seguridad” y resolución de conflictos. Por otro, la falta de oportunidades económicas locales ha facilitado la consolidación de un mercado ilegal de sustancias de uso ilícito que en muchos casos representa la única dinámica comercial existente y disponible para muchos campesinos del país. De estas dos dinámicas se nutre también un sistema clientelista local que a través de transacciones busca favores con las élites políticas centrales para lograr cierta gobernabilidad local y un sistema de distribución y venta global de drogas ilícitas que genera violencia y a la vez altísima rentabilidad para el crimen organizado nacional y trasnacional.
Esta brecha de legitimidad política y oportunidad económica fue la que se abordó en la mesa de conversaciones en La Habana, entre el Estado colombiano y las FARC-EP. El acuerdo de paz es un instrumento para afrontar estos y otros problemas estructurales. Si bien su objetivo concreto fue poner fin al conflicto armado interno con esa guerrilla, también su objetivo difuso es cambiar las condiciones territoriales para evitar que el conflicto se repita o se prolongue. Dentro de las varias medidas y estrategias que se acordaron, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un elemento para destacar.
El objetivo de los PDET es lograr la transformación estructural del campo y un relacionamiento equitativo entre lo rural y lo urbano. De conformidad con lo previsto en el punto 1.2.2 del Acuerdo Final, la transformación estructural del campo deberá cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Sin embargo, se convino priorizar las zonas más necesitadas y urgidas con base en los siguientes criterios: i) los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de afectación derivado del conflicto; iii) la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. La transformación de estos 170 municipios seleccionados en 10 años es una de las metas más ambiciosas que el país se ha trazado en las últimas décadas. PDET es un proceso de construcción y participación, que va a reflejar la visión colectiva de los actores del territorio. Es por esto que la participación activa de las comunidades, incluido el sector privado local, es fundamental.
Si bien transformar la situación de estos territorios es un objetivo estratégico del Estado en términos de legitimidad, la transformación económica de estos municipios representa también una oportunidad estratégica para el sector empresarial. En este contexto de transformación, participación y generación de confianza a nivel local, las Cámaras de Comercio han tenido un rol esencial.
Las Cámaras de Comercio en Colombia, como delegatarias de funciones públicas se constituyen en un modelo de colaboración público – privado a través de las cuales se realizan los fines constitucionales de promoción de la prosperidad general, de la libertad de empresa y de participación en la vida económica nacional. Durante los primeros años de implementación del acuerdo de paz, las Cámaras de Comercio han contribuido a acercar el sector privado local a la construcción de paz territorial. Las experiencias documentadas en el marco de este proyecto, revelan que las Cámaras de Comercio, más allá de ser entidades con vocación “gremial”, tienen el potencial de ser “agentes de desarrollo” regionales. Este papel, que algunas Cámaras han asumido con mayor intencionalidad que otras, es altamente significativo en el proceso PDET.
Las Cámaras de Comercio deben ser aliadas estratégicas del proceso PDET con el fin de generar confianza, retroalimentar las discusiones económicas y sociales del territorio y ayudar a las empresas locales a sacar provecho de las oportunidades que trae la reducción de la violencia. Esto implica transcender los intereses del sector privado o de algunos actores dentro del mismo, y alinear las diferentes apuestas y aspiraciones para lograr objetivos comunes con beneficios compartidos entre diferentes grupos de interés en territorios específicos. Este es precisamente el enfoque inclusivo y de participación equitativa que comprende la paz sostenible. En algunas regiones las Cámaras son las únicas entidades que, de manera activa, dinamizan procesos socioeconómicos necesarios para el desarrollo regional y local; y en algunos territorios son la única institución existente después de las Alcaldías. En esta misma línea, las Cámaras tienen la capacidad de gestión y transferencia de conocimiento económico local y regional (estudios de mercados, economías y perfiles empresariales; bases de datos de registro; formación a empresarios, etc.).[1]
El Estado colombiano se enfrenta todavía a muchos retos territoriales. Su ausencia y presencia fragmentada sigue siendo una debilidad estratégica de proyecto nacional. Las amenazas de la ilegalidad seguirán vigentes hasta tanto no se logre construir institucionalidad local y un mercado dinámico conectado con los centros de distribución nacional. La visión de los PDET es un instrumento idóneo para afrontar estos retos. Tanto el Estado, como el sector privado tienen en el PDET una herramienta poderosa para organizar las relaciones políticas, económicas y sociales del territorio. En esta tarea las Cámaras de Comercio son aliadas estratégicas y los datos que se presentan en este estudio un insumo fundamental.
Por: Andrés Ucrós | Director de Articulación Público-Privada en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)